Economista, gestor de fondos de inversión y una de las figuras de la campaña del presidente del Partido Popular, Pablo Casado.
Daniel Lacalle analiza la situación política y económica del país y nos revela su postura sobre las medidas más recientes y polémicas adoptadas por el Gobierno.
El madrileño Daniel Lacalle conoce de primera mano los entresijos de la economía española y, desde los últimos años, también de la política. Este economista liberal con gran recorrido nacional e internacional es Doctor en Economía, gestor de fondos de inversión y profesor de Economía Global y Finanzas.
En España se le conoce por sus varios bestsellers y por su presencia en los medios de comunicación, defendiendo el liberalismo económico con medidas como la disminución del gasto público o la reducción de las competencias del Estado. Su proyección internacional también es digna de mención, puesto que en 2016 entró en el top 10 de los economistas más influyentes del mundo y en 2018 ha sido mencionadoen el Congreso de Estados Unidos por el congresista Joe Wilson de Carolina del Sur citando su artículo Do Not Forget Cuba.
Casado y con tres hijos, Lacalle reside actualmente en Londres. En los últimos años se ha hecho un hueco en el ámbito político, siendo varias las figuras que han querido tenerle cerca en sus campañas electorales. Una de ellas, el Presidente del Partido Popular Pablo Casado, que le encomendó la tarea de diseñar el programa económico de su campaña y recientemente le ha nombrado responsable del área económica de la Fundación Concordia y Libertad.
Daniel Lacalle nos cuenta, a lo largo de esta entrevista, el impacto que están generando las últimas y más controvertidas medidas del Gobierno y realiza un balance sobre el presente y el futuro económico y político de España.
¿El futuro económico de España depende de la política económica diseñada por el Gobierno central o de la política económica internacional?
No cabe duda de que las decisiones económicas, sobre todo en materia fiscal y legislativa, del Gobierno central y de los gobiernos autonómicos tienen un impacto evidente en la economía del país. Es cierto que disponemos de una economía abierta que depende de factores externos, pero, aún así, en las épocas de cambios de ciclo económico se ha visto el impacto directo que tienen las políticas económicas del Gobierno en la economía, las cuales en ocasiones han servido para fortalecer la situación y en otras para empeorarla.
La política del Gobierno de Sánchez nos hace mucho menos competitivos
¿Considera acertada la actual política económica y fiscal del Gobierno de Sánchez?
No. Ningún gobierno de los países de nuestro entorno ni de las grandes economías del mundo está enfrentándose a una desaceleración moderada aumentando brutalmente los impuestos y el gasto. Lo que están haciendo el resto de gobiernos es mejorar la fiscalidad para atraer inversión (lo está haciendo hasta Grecia). Por lo tanto, la política que está llevando a cabo el Gobierno de Sánchez, o por lo menos la que está anunciando, tiene un efecto no solamente negativo en sí misma, como ya ha demostrado en el pasado, sino que además nos hace mucho menos competitivos a nivel mundial.
¿Con una menor carga fiscal se genera más o menos riqueza?
Con una menor carga fiscal se genera más riqueza. Eso siempre ha sido así, porque la carga fiscal no es en sí misma una creadora de riqueza, sino que es un factor que se puede generar gracias a la creación de riqueza. La fiscalidad confiscatoria, aquella que pone escollos al empleo y al crecimiento, desde luego es la que provoca un efecto negativo.
Tenemos un entorno fiscal que utiliza a los creadores de empleo como cajeros automáticos
Muchas empresas trabajan con márgenes de beneficio que en muchos casos no superan el 10%, mientras que la Administración solo con el IVA se apropia del 21%; sin contar con otros impuestos directos o indirectos.
¿Considera este hecho abusivo o adecuado?
Lo considero completamente injustificado. No podemos tener un entorno fiscal que utiliza a los creadores de empleo como cajeros automáticos. Lo que necesitamos es un sistema fiscal que esté orientado al crecimiento y a facilitar la labor de generación de empleo y de mejora de la estructura económica. Esto no se consigue teniendo una fiscalidad en la que el Estado no solamente recauda el 25% del importe de sociedades de lo que se genera, sino que además de lo que se ingresa se lleva un porcentaje muy relevante. La fiscalidad que sufren las empresas españolas es de las más altas que existe. Se suele hablar únicamente del impuesto de sociedades, pero no debemos olvidar que existen otros muchos impuestos adicionales.
¿Qué impuestos eliminaría y cuáles modificaría?
Lo primero que hay que hacer es una reducción evidente del impuesto de sociedades y del impuesto de la renta. Se deben reducir los impuestos directos y posteriormente se deben eliminar aquellos que son totalmente confiscatorios e injustos, como son el de sucesiones, el de transmisiones jurídicas documentadas o el del patrimonio, es decir, todos los que tienen que ver con la penalización del ahorro. Urge llevar a cabo una revolución fiscal por la cual, en vez de pensar cuánto se va a recaudar en un año o un mes, se plantee cómo atraer más inversión y capacidad de generar crecimiento.
¿Considera adecuado el número de administraciones y de funcionarios que hay en nuestro país?
Opino que se debe llevar a cabo un proceso constante de mejora de la eficiencia, como el que protagonizan los agentes económicos de los países líderes. Considero que la mejora de la eficiencia es un factor que la propia Administración no solamente debe defender, sino que además redunda en su propio beneficio, ya que propicia que los servicios sean más asequibles y la financiación de las administraciones públicas más sencilla. Es por ello que deberían implementarse baremos de eficiencia en el control del gasto.
¿Qué favorece la generación de riqueza, un estado centralizado o uno descentralizado?
La centralización en sí misma no es un factor ni mejor ni peor. Hay estados centralizados y muy ineficientes, como Francia, y otros descentralizados y muy eficientes, como Alemania. Creo que debemos disponer de un sistema en el que, dentro de contar con las ventajas que aporta la descentralización, se introduzcan medidas para hacerlo sostenible; como las que se han aplicado por ejemplo en Alemania. Este es el gran reto. La cuestión no es centralizar, ya que el sistema puede ser ineficiente aunque sea centralizado.
¿Cómo cree que ha afectado el movimiento independentista en Cataluña a la economía del país? ¿Se considera un problema serio desde el punto de vista económico?
Es un problema serio porque afecta al crecimiento potencial, a la inversión y a la percepción de los agentes económicos. No es solamente una cuestión de incertidumbre, es también una cuestión de riesgo político; algo que deberíamos evitar en la medida de lo posible.
Debemos tener una Administración que tenga vocación de servicio, no de recaudación
¿Cuáles son las principales acciones que deberían tomar nuestros gobernantes para mejorar el futuro económico y social de los españoles?
Ante todo, tener una Administración que tenga vocación de servicio, no de recaudación, y que en vez de focalizarse constantemente en el gasto proyecte sus esfuerzos en cómo alcanzar la eficiencia. Considero que una de las medidas que más urge es realizar una revisión en profundidad del sistema fiscal para reducir la carga impositiva que sufren las empresas y los creadores de empleo. Debemos construir una política económica que tenga como elemento esencial la facilidad para la creación de empresas y la generación de empleo; una política perfectamente alcanzable que estaría alineada con la de tantos otros países de nuestro entorno.
El futuro de las pensiones está en entredicho. ¿Qué debería hacer el estado para salvaguardar el derecho a percibir una pensión digna?
El Estado no puede pensar en las pensiones desde un punto de vista cortoplacista. Y lo que está haciendo ahora es exactamente eso, pensar en las pensiones actuales y no en las del futuro. Un sistema de pensiones de reparto como es el nuestro solamente se paga con mayor crecimiento y empleo; factores sobre los que se tienen que fundamentar las políticas del Gobierno en materia de pensiones. Los gobiernos no garantizan las pensiones. Lo que las garantiza es un sistema económico fuerte basado en el crecimiento económico y el empleo.
Se avecina un proceso de desaceleración económica, como consecuencia de una previsión de crecimiento idealizada
¿Opina que se avecina otra crisis económica como la última que ha padecido España?
Las crisis nunca son iguales y desde luego nunca son peores. Incluso la crisis que acabamos de sufrir tendemos a valorarla de una forma más catastrófica, pero la realidad es que como crisis económica ha sido mucho menos agresiva que otras que se han padecido en anteriores épocas. No creo que vayamos a presenciar un entorno exactamente igual porque, como digo, las crisis nunca son iguales. Opino que lo que vamos a vivir es un proceso evidente de desaceleración, como consecuencia de unas estimaciones de crecimiento que han estado extremadamente infladas.
La inmigración es un fenómeno social que tiene sus detractores y sus simpatizantes. ¿Cómo valora este hecho?
No se puede hablar de la inmigración como un concepto negativo para la economía de un país porque no lo es. Ha sido, por ejemplo, un factor esencial para España durante muchos años que ha fortalecido nuestro sistema de pensiones y que ha atraído trabajadores que han formado parte de nuestro crecimiento. La inmigración es positiva cuando se cuenta con una política de inmigración sensata y orientada al objetivo más habitual: colaborar, participar y contribuir al crecimiento y la mejora del país.
Entonces, ¿la inmigración debería ser controlada y ordenada en la medida de las necesidades del país?
Sí, en la medida de las posibilidades del país. La clave es contar con una política de inmigración que sea consciente de las capacidades y los retos del país.
¿Por qué tenemos que pagar un impuesto por firmar una hipoteca?
El impuesto sobre las hipotecas ha generado mucha polémica a raíz de las acciones emprendidas por el Gobierno de Sánchez y de las controvertidas decisiones judiciales tomadas. ¿Qué piensa al respecto?
Creo que el debate está completamente desvirtuado. La pregunta es, ¿por qué tenemos que pagar un impuesto por firmar una hipoteca?. Ese es el debate. Nuestros países vecinos no tienen un impuesto, y los que lo tienen es mucho inferior al nuestro. Considero que existe una gran demagogia por parte del Gobierno, porque el Partido Socialista, con sus coaliciones de Podemos, lo que ha hecho en las Comunidades Autónomas donde gobierna ha sido aumentar el impuesto sobre transmisiones jurídicas documentadas; de forma muy superior a la media nacional.
Por un lado, el debate está manipulado porque no se está hablando de la cuestión realmente importante, que es por qué tenemos que pagar ese impuesto. Y por otro lado, el discurso del Gobierno está cargado de demagogia porque, si tanto preocupan los ciudadanos, ese impuesto puede eliminarse en vez de aumentarse.
¿Qué opina sobre la seguridad jurídica en nuestro país y su influencia sobre la generación de empresas, riqueza y puestos de trabajo?
La seguridad jurídica es un elemento absolutamente esencial para atraer inversión y empleo y para mejorar el patrón de crecimiento del país. En España es francamente buena y no debemos caer en algunas demagogias que tal vez se repiten demasiado sobre la falta de seguridad jurídica. Contamos con un sistema de protección al inversor y de protección legal que funciona bien. Se puede mejorar, como todo, pero funciona. Eso no quita que no se deban haber esfuerzos para continuar mejorándolo, pero desde el reconocimiento de que es un sistema bueno y que debemos valorar como tal.
El debate político se ha infantilizado
La política de un país influye seriamente en el futuro económico y social de sus habitantes. ¿Cómo valora el actual panorama político español y su futuro?
La política es completamente esencial. Lo valoro con preocupación porque creo que el debate político se ha infantilizado. Se ha convertido en un juego en el que los partidos políticos están peleándose y se va constantemente hacia una radicalización por parte de los partidos minoritarios. Por la configuración parlamentaria, los partidos que están en minoría no solamente ejercen una influencia completamente desproporcionada con respecto a su representatividad, sino que además mueven hacia la radicalidad al partido que está ahora en el Gobierno. Un partido que ha gobernado durante 22 años en España como es el PSOE no puede ser un partido que se podemice y que caiga en postulados más propios de partidos marginales.